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ABC LUNES, 25 DE JUNIO DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 33 ro: los informes de la Intervención que alertaron de las deficiencias debieron remitirse al titular de la Consejería de Economía y Hacienda, que por aquella época era Griñán. Sin embargo, el Gobierno andaluz ha desmentido, a través de la actual titular de esta cartera, Carmen Martínez Aguayo (por entonces su viceconsejera) que éstos llegaran a manos de su superior jerárquico. Los agentes dudan de esta versión porque el presidente autorizó ampliaciones del presupuesto por 40 millones de euros (6.655 millones de pesetas) para el fondo de reptiles El interventor general desde 2000 a 2010, Manuel Gómez, declaró a la Guardia Civil que dio directrices para que se remitieran sus dictámenes al consejero, aunque negó haber despachado con él este asunto. Urge que ambos expliquen de manera convincente por qué falló el protocolo. La cadena de vigilancia se quebró y, como consecuencia, lo que surgió como un tumor en la Administración, bajo el pretexto de garantizar la paz social acabó en una metástasis, un fraude que acumula ya 59 imputados en la causa. Siete de ellos son exaltos cargos de la Junta. Guión de preguntas Griñán deberá explicar por qué aumentó hasta en 40 millones de euros el fondo de los ERE sin tener cobertura presupuestaria y sin ajustarse a la norma El presidente tampoco ha aclarado por qué su viceconsejera no le pasó los informes de la Intervención, que dependía de él, alertando de irregularidades La Guardia Civil sostiene que Griñán debió conocer los informes otro enigma es quién dio instrucciones para expurgar documentos durante un fin de semana mando subvenciones a discreción y sin criterio, más allá de la proximidad al PSOE o una relación de parentesco o amistad con quienes mandaban. origen al fraude. Cuando las operaciones excedieron el tope de 3 millones de euros pasaron por el filtro del Ejecutivo. En estos consejos también estuvo sentado Griñán desde 2004. ¿Por qué mantuvo durante años un sistema viciado? La magistrada considera ilegal tanto el diseño del fondo como el procedimiento de concesión de ayudas, al contrario que la Junta, que ha defendido que el sistema era legal. Sin embargo, con posterioridad ésta dio un vuelco a su estrategia inicial anulando las ayudas directas a empresas para pedir su devolución. Al margen de las contradicciones que encierra este giro, Mercedes Alaya ha apuntado a lo más alto de la Junta en su famosa pirámide de responsabilidades: Que se trate de una implantación normalizada en el proceder de la Junta durante diez años, no quiere decir que el procedimiento derivado del convenio marco que instauró el sistema sea por esto conforme a derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar, indiciariamente, el cumplimiento de la ley Las irregularidades del pasado continuaron en el presente, como ha advertido la juez en su último auto. De hecho, dos meses antes de las elecciones autonómicas de marzo imputó al primer alto cargo del Gobierno de Griñán, el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, destituido hace dos semanas, por autorizar pagos a ERE donde se colaron intrusos. ¿Se dieron instrucciones a la Intervención para no actuar? El órgano fiscalizador jamás emitió un informe de actuación, aunque sus advertencias cayeron un año tras otro en saco roto. De haber saltado esta alarma, se habría evitado un importante menoscabo de fondos públicos La Guardia Civil cuestiona la diligencia de la Intervención: No adoptaron de manera reiterada las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas Tampoco el interventor ofreció un relato coherente, a juicio de la instrucción, que justificara por qué un funcionario obligado a conocer y aplicar la ley obvió los procedimientos de verificación y contraste en el fondo de los ERE. Es la misma tesis que esgrimió para defenderse el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (en prisión) así como los auditores de la Cámara de Cuentas en un informe revelado por ABC y pendiente de aprobarse. La juez va más lejos y sugiere que el órgano encargado de fiscalizar los gastos y los servicios jurídicos de la Administración podrían estar conchabados con la cúpula de la Junta para permitir que Empleo siguiera derra- ¿Por qué amplió el fondo de los ERE sin tener cobertura? El voluminoso atestado policial descarga un material explosivo en vísperas de la comisión de investigación que fijará mañana su plan de trabajo y plazos para una primera tanda de comparecencias. Los agentes sospechan que los informes de la Intervención debían ser conocidos por los responsables de Economía, lo que afecta a Griñán, pero también a su antecesora, la exministra Magdalena Álvarez. Griñán avaló con su firma ampliaciones del denominado fondo de reptiles Lo hizo sin tener cobertura presupuestaria y sin ajustarse a la ley. Los auditores de la Cámara de Cuentas señalaron que el titular de Economía autorizó modificaciones de créditos que no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta La mancha se extiende a los Consejos de Gobierno que presidió Chaves, bajo cuyo mandato se instauró en 2001 el sistema que dio ¿Quién ordenó sacar papeles comprometidos? Al hallarse a los primeros intrusos, en la Consejería de Empleo se hizo un expurgo de documentos el fin de semana del 20 al 21 de noviembre de 2010, aprovechando que no había nadie trabajando. Por testimonios de empleados que participaron en estas insólitas reuniones, se sabe que se extrajo documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés ¿A qué obedecía tanto secretismo? ¿Poner un parche a lo que pudiera aparecer como sostiene una técnico de Empleo? ¿Quién lo ordenó? Son demasiadas las incógnitas sobre el caso y hasta ahora, muy pocas las respuestas que se han dado a la opinión pública y que marcarán, sin duda, el rumbo de la comisión de investigación. de de la Junta en 2009 EFE der autonómico, aseguradoras, comisionistas, sindicatos y bufetes de abogados. Sin publicidad, sin concurso, sin más documentación que un apunte manuscrito en un pos- it del director general de Trabajo y, muchas veces, sin que hubiera siquiera solicitud previa ni control a posteriori. ¿Por qué fallaron los controles bajo su mando? El decreto 9 1999 sobre régimen presupuestario, financiero y de control de las empresas de la Junta es muy cla-