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42 ESPAÑA SÁBADO, 23 DE JUNIO DE 2012 abc. es españa ABC El CGPJ gastó 400.966 euros en viajes de sus vocales durante 2011 El coste de los desplazamientos se redujo el año pasado en un 30 por ciento con respecto a 2008 NIEVES COLLI MADRID El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) gastó 58.569.752,10 euros en 2011, un 78,92 por ciento del total presupuestado para ese año. De ese dinero, 400.966,16 euros (un 0,68 por ciento del total) se utilizaron para sufragar los viajes por España de los veinte vocales, del presidente y del secretario general; otros 69.679,91 (un 0,12 por ciento del total) corresponden a gastos de protocolo: aquellos que realizan de forma individual en el ejercicio de sus cargos y que incluyen, por ejemplo, comidas o cenas con otras personas. El órgano de gobierno de los jueces costó a las arcas públicas 4.511.500,99 euros menos que en 2010. Estos datos fueron difundidos ayer por el CGPJ, una institución que intenta recuperarse del mazazo que ha supuesto la dimisión de su presidente. Carlos Dívar, por la polémica fabricada a partir de una treintena de viajes en los que mezcló actividades oficiales con otras privadas. Los vocales acordaron al final del Pleno extraordinario del jueves, el de la renuncia de Dívar, explicar en qué se han gastado el dinero para que la opinión pública sepa cuál es su trabajo y cuánto cuesta. Lo de Dívar, señalan fuentes de este órgano, ha sido un accidente Ya le han quitado el carné al conductor; ahora hay que pensar si queremos eliminar el autobús afirman. El CGPJ sufraga también los gastos que generan los viajes y atenciones protocolarias de todos los jueces de España. En invitaciones y gastos de representación del CGPJ, Tribunal Supremo, tribunales superiores y audiencias provinciales, se gastaron en 2011 278.874,55 euros (un 41,6 por ciento del presupuesto) Más de la mitad de ese dinero (148.013,62 euros) es lo que cuestan los actos de apertura del año judicial tanto del Supremo como de tribunales superiores y audiencias. Ni las doce Comunidades Autónomas con competencias transferidas ni el Ministerio de Justicia contribuyen a sufragar estas ceremonias. Desplazamientos Los viajes (alojamiento, manutención y locomoción) costaron al erario público 3.485.694,15 euros. De ese dinero, los vocales, el presidente y el secretario general del CGPJ gastaron 400.966 euros; 360.088,59 más fueron para desplazamientos internacionales; 205.496,09 corresponden al servicio de inspección; 295.271,04 a escoltas y chóferes; 117.120,77 a personal del CGPJ; 176.757,68 son viajes de jueces a distintas reuniones; 1.890.248,23 euros cuestan los desplazamientos atribuibles a la escuela judicial; los relativos al Cendoj ascienden a 39.746,15 euros. Tras alcanzar un techo de 63.081.253 euros en 2010 (ese año el CGPJ gastó un 80,76 por ciento del presupuesto) el órgano de gobierno de los jueces ha La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo 9.175.528,74 euros y que incluye los costes generados por las actividades de inspección, modernización, oficina judicial, punto neutro judicial, estadística y funcionamiento general de la institución; escuela judicial, que costó un total de 7.263.334,72 euros; Cendoj (base de datos de jurisprudencia de todos los tribunales de España al que puede acceder cualquier ciudadano a través de la web) con un coste de 5.724.956,87; gastos de personal de las cuatro sedes del CGPJ (dos en Madrid, una en Barcelona y otra en San Sebastián) y alumnos jueces en prácticas, partida en la que se han invertido 6.737.404,03 euros. Devolución al Tesoro El Consejo utilizó en 2011 el 78,9 por ciento de su presupuesto. La diferencia se devuelve al Tesoro ido abaratando sus costes. En 2011 fueron 58.569.752 euros y en lo que llevamos de 2012, 24.473.804, 84 (un 34,3 por ciento de un presupuesto que vuelve a niveles de 2006 con 71.352.510 euros) El presupuesto del Consejo General del Poder Judicial se divide en cinco partidas: gobierno del poder judicial, a la que se asignaron en 2011 Austeridad El CGPJ ha puesto en marcha una política de austeridad que en el capítulo de desplazamientos, por ejemplo, ha permitido rebajar los costes en un 30 por ciento con respecto a 2008 (un 19 por ciento si se compara con 2010) La institución fomenta el uso de las nuevas tecnologías (videoconferencias) aunque los vocales ponen de manifiesto la necesidad de viajar a los distintos territorios para conocer de primera mano la situación de juzgados y tribunales. La institución sufraga también los desplazamientos de residencia de los vocales que no son de Madrid (quince de los veinte) En total, los gastos de desplazamiento de los 22 altos cargos del CGPJ suman 400.966,16. A esta cantidad hay que añadir lo que cuestan los viajes, alojamiento y manutención del personal de seguridad y conductores: 295.271,04 euros. NO COMETIÓ NINGÚN DELITO El TS dice que Dívar pagó sus actividades privadas N. V. MADRID Veinticuatro horas después de que Carlos Dívar presentara su dimisión como presidente del CGPJ y del Supremo, el alto tribunal hacía público el auto en el que archiva la querella interpuesta contra él por una asociación en relación con una veintena de viajes a Málaga, desplazamientos por los que habría cargado al Consejo 12.996,09 euros. Los magistrados concluyen que Dí- var no cometió ni un delito de estafa ni de apropiación indebida ni tampoco abusó de su cargo. Según la Sala, la actuación de Dívar se adecuó a lo previsto en el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 11 de septiembre de 1996. La aparente irregularidad expuesta por el querellante no puede ser tal, en el sentido penal que analizamos, desde el momento en que la propia regulación administrativa que le era aplicable fue cumplida en sus justos términos Para el tribunal, el hecho de que algunos de estos viajes, determinados gastos derivados de manutención o alojamiento no fueran abonados por el Consejo General del Poder Judicial, sino personalmente por el hoy expresidente del Consejo y del TS, permiten concluir que cuando en esos desplazamientos se desarrollaron actividades estrictamente privadas, éstas no fueron sufragadas indebidamente con fondos públicos