Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC LUNES, 18 DE JUNIO DE 2012 abc. es españa ESPAÑA 43 Millones sin destino El juez tuvo que recurrir a la Policía Nacional después de que los Mossos no aclararan el destino de millones de euros Mandos politizados En los Juzgados de Barcelona no desconfían de los agentes, pero sí de unos mandos muy politizados me sobre las cuentas de Convergencia a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delitos Económicos de la Policía. Según fuentes de la investigación, había varios millones de euros cuyo destino los Mossos no habían aclarado, por lo que el juez tuvo que tirar de la Policía Nacional En los juzgados no desconfían en absoluto de los agentes de la policía autonómica catalana, pero sí de unos mandos muy politizados sostiene un alto funcionario del área de Justicia. Un informe de los Mossos entregado al juzgado refleja que no se encontraron irregularidades en las facturas que el Palau pagó a las empresas implicadas. Los peritos de Hacienda- -competencia del Estado- -que las examinaron concluyeron que Convergencia se financió a través del Palau. El juez al que sustituyó Pijuan en enero de 2011. Juli Solaz, había recibido críticas por la lentitud con la que se tomó la instrucción del caso. Fue ascendido a magistrado de la Audiencia Provincial. En el registro de julio de 2009, los Mossos estaban a las órdenes del gabinete de José Montilla. La llegada al poder de Artur Mas se produjo en diciembre de 2010. Los políticos imputados son el ex tesorero de Convergencia Daniel Osácar y la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, los socialistas Ramon García Bragado y Ramon Massagué. La investigación sigue abierta. Al encontrarse en este callejón sin salida, la Fiscalía ha pedido al juez del caso Palau que remita al Tribunal de Cuentas la documentación sobre Convergencia. El órgano fiscalizador puede estudiar si se ha cumplido la ley de financiación de partidos políticos, si las cantidades que ha recibido CDC o su fundación están dentro de los límites, pero no puede ir más allá. De hecho, en el último informe sobre los partidos políticos, adelantado por ABC, el Tribunal de Cuentas recuerda al Gobierno que la ley de financiación de los partidos políticos establece un régimen sancionador, pero que existen dificultades para su aplicación EL OASIS DEL 3 POR CIENTO La financiación irregular de CDC puede quedar sin castigo J. CH. MADRID Régimen sancionador Hacienda, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el titular del juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, y el fiscal Emilio Sánchez Ulled han acreditado que Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) se financió a través del Palau de la Música, pero fuentes consultadas por ABC apuntan a que es muy probable que este caso se cierre sin condena alguna. Por extraño que pueda parecer, tiene una explicación: Convergencia ha podido dar con una fórmula mágica Los investigadores han mirado con lupa las concesiones que logró la constructora investigada- -la línea 9 del Metro y la nueva Ciudad de la Justicia- -y son correctas. Es decir, no hay sospechas de delitos de prevaricación, cohecho o malversación de documento público. Las licitaciones fueron ajustadas a la ley y Ferrovial y el resto de empre- sas que la acompañaban en UTE ganaron limpiamente. A medida que la constructora conseguía contratos, patrocinaba al Palau de la Música, que pagaba a empresas que trabajaban para Convergencia, pero ni la Fiscalía ni el juez pueden demostrar que sea una contrapartida, pues no hubo trato de favor en el concurso público. Es decir, la empresa gana porque es la mejor y luego decide apoyar a una fundación. El dinero termina en el mismo partido político que gobierna en las instituciones que adjudican las obras, pero sin una contrapartida oficial. El único imputado de Convergencia, el extesorero Daniel Osácar, lo está porque su nombre de pila aparece como perceptor de fondos del Palau, pero este es el techo hasta el que ha llegado la investigación. Él lo niega todo. El ex presidente de la Generalitat catalana Pasquall Maragall le llamó a este sistema el problema del tres por ciento -en el oasis catalán- refiriéndose a los supuestas comisiones que cobraba CiU por la adjudicación de obras.