ABC CORDOBA 13-06-2012 página 59

ABC MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2012 abc. es sociedad SOCIEDAD 59 pero según fuentes de su Departamento la intención es atajar la presencia de estas mujeres no solo en carreteras, sino también en las calles de las ciudades y en lugares muy concurridos. El ministerio estudia la posibilidad de sancionar en cualquier lugar público o solo en zonas transitadas (nada se ha dicho respecto a los polígonos industriales, por ejemplo) Interior no ha fijado plazos dado que en la reforma del Código Penal se trabaja de forma conjunta con Justicia. La intención es contar con un anteproyecto para finales de año, según las fuentes consultadas. El anuncio de Interior provocó rechazo tanto en fuentes policiales que se dedican a combatir la trata de mujeres como en los colectivos que trabajan con las víctimas. A los clientes que los multen lo que quieran, pero si se actúa contra ellas es victimizarlas doblemente. Para pagar esas multas los proxenetas las explotarán más. Es una barbaridad señalan fuentes policiales. Ninguna de las mujeres que está en la calle lo está de forma voluntaria. Y el mensaje que se manda es que las van a sancionar los policías que en teoría estamos para ayudarlas Rocío Nieto, de Apramp, la asociación de prevención, reinserción y atención de las mujeres prostituidas está de acuerdo en que se castigue al cliente, pero no a la víctima. Y aporta un dato: cada vez hay mayor demanda y cada vez son más jóvenes los clientes. Contra eso es contra lo que debemos luchar, porque una mujer que está en la calle no es una prostituta, sino una víctima de trata A nadie le gusta ver ese espectáculo pero detrás lo que hay son víctimas El Ayuntamiento de Madrid, que prepara un segundo plan contra la explotación sexual, como informó ayer ABC, descarta las sanciones: ni a las mujeres ni a sus clientes. Su opción, las identificaciones de los demandantes de sexo de pago. Más explotación El arzobispo de Canterbury Rowan Williams, con la Biblia del Rey Jaime entre las manos AFP Huelga de bodas contra el matrimonio gay BLa Iglesia anglicana no oficiará ningún enlace si el Gobierno británico aprueba estas uniones BORJA BERGARECHE CORRESPONSAL EN LONDRES La ministra del Interior, Theresa May, se vio obligada a salir ayer al paso de las fuertes críticas expresadas por la Iglesia anglicana al proyecto del Gobierno de permitir que las uniones civiles homosexuales sean consideradas como matrimonio. En un documento de trece páginas dado a conocer ayer, la Iglesia anglicana denuncia que el proyecto altera la naturaleza intrínseca del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, consagrada por las instituciones humanas a lo largo de la Historia En su aportación al proceso de consulta pública sobre el proyecto, que finaliza mañana, la confesión que lidera el arzobispo Rowan Williams advierte al Gobierno que el proyecto podría imposibilitar que la iglesia de Inglaterra siga celebrando matrimonios en nombre del Estado Se calcula que el 25 de los enlaces celebrados en Reino Unido son oficiados por clérigos anglicanos, que pueden casar en sus iglesias a fieles de cualquier otra religión. El Ejecutivo insiste en que su reforma no obliga a celebrar bodas gays a las iglesias. El Gobierno no va a pedir a nadie que haga nada en contra de su conciencia aclaró ayer May. Pero la Iglesia de Inglaterra, que tiene en la Reina Isabel II su cabeza, no se fía, y avanza sus serias dudas de que la celebración de matrimonios homosexuales solo en ceremonias civiles fuera a superar un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos, que prohíbe la discriminación por género. El Reino Unido introdujo las uniones civiles homosexuales en 2005, concediendo a los gays los mismos derechos asociados a los casados, pero sin admitir su consideración de matrimonio. El propio primer ministro David Cameron defiende el proyecto como parte de su conservadurismo modernizado. El matrimonio es la institución más importante que tenemos insistió ayer un portavoz de Downing Street, quien aseguró que el Gobierno quiere presentar el proyecto en esta legislatura, aunque no se espera que entre en vigor antes de 2015. Por su parte, la Iglesia católica británica ha remitido sus propias quejas con un tono mucho menos beligerante que los anglicanos.