ABC CORDOBA 09-05-2012 página 42

42 ESPAÑA MIÉRCOLES, 9 DE MAYO DE 2012 abc. es españa ABC Mas se revuelve contra Rajoy en legítima defensa BEl Gobierno catalán basa su ofensiva contra la recentralización en recurrir ante el TC, el mismo Tribunal cuyas sentencias incumple la Generalitat Medidas Educación y sanidad El Gobierno de Mas cree que los recortes en educación y sanidad del Ejecutivo invaden competencias catalanas. E Desacato MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA n legítima defensa En estos términos justificó ayer el Gobierno autonómico catalán la ofensiva política y judicial aprobada en su reunión semanal con la finalidad de frenar lo que califican de proceso recentralizador de las competencias autonómicas. Los nacionalistas, fieles a una estrategia de enfrentamiento con el Ejecutivo nacional, cuya finalidad es forzar una masa social favorable al pacto fiscal y un Estado catalán propio, han elaborado una batería de medidas para retener su autogobierno. Lo curioso es que el principal instrumento de esa respuesta, el Tribunal Constitucional (TC) fue vapuleado por el propio Gobierno de Artur Mas cuando hace dos años dictó una sentencia en la que rebajaba el contenido del Estatuto. CiU nunca cumplió ese fallo, pero ahora acude al TC para que frene los decretos del Gobierno sobre la racionalización del gasto en el ámbito educativo. También exige a Rajoy que acate las sentencias que avalan la transferencia a Cataluña de la gestión del 0,7 del IRPF para fines sociales, becas o formación continuada, aunque la Generalitat nunca ha cumplido las resoluciones del Tribunal Supremo en materia lingüística. Precisamente ayer, el Partido Popular presentó una proposición de ley en el Parlamento catalán para garantizar el bilingüismo integral en la escuela. Sobre esas contradicciones, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, reiteró que la tramitación de la sentencia del TC fue esperpéntica pero estas son las reglas del juego y no dejaremos de insistir porque tenemos argumentos jurídicos para hacerlo, aunque podríamos llegar a la conclusión de que no vale la pena recurrir al Constitucional Siete son, en total, las acciones que piensa llevar a cabo el Gobierno nacionalista. La más inmediata es el envío al Consejo de Garantías Estatutarias- -una especie de tribunal constitucional a la catalana encargado de velar por el ajuste de las leyes al Estatuto y la Constitución española- -del decreto sobre reducción del gasto en el sector educativo, como paso previo al recurso ante el TC. Un proceso similar, anuncia CiU, se seguirá cuando el Gobierno apruebe la semana próxima los ajustes en sanidad, pues en ambos casos entiende la Generalitat que se invaden competencias catalanas. El Gobierno llevará al Tribunal Constitucional todas aquellas iniciativas estatales que según el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias vulneren el marco competencial de Cataluña previsto en el Estatuto de Autonomía, siempre que no se pueda modificar por la vía de enmiendas afirma el acuerdo catalán. Duplicidades administrativas Ha encargado un estudio para ver la duplicidad de competencias en educación, cultura, sanidad o servicios sociales Municipios Los nacionalistas temen la alteración unilateral del mapa municipal de Cataluña por el Estado. No a privatizar TV 3 Asimismo, se ha encargado al Instituto de Estudios Autonómicos que analice las duplicidades administrativas entre el Estado y la Generalitat, pues, según CiU, el primero conserva en Cataluña una estructura sobredimensionada en competencias transferidas en educación, cultura, sanidad, servicios sociales o vivienda. Aunque el mismo Gobierno catalán sugirió la necesidad de fusionar municipios para optimizar el gasto, asegura que no permitirá ninguna injerencia en este sentido, pues teme que el Gobierno altere unilateralmente el mapa municipal de Cataluña. También quiere evitar que la ley general de comunicación con la que el Estado pretende flexibilizar la gestión de los canales públicos de la televisión autonómica, suponga la privatización de TV 3. A juicio del Gobierno de Mas, la acción recentralizadora del Estado se materializa también en el incumplimiento flagrante de las sentencias que, en su día, ya dictaminaron la in- Tribunal Constitucional El gobierno autonómico llevará al TC todas las iniciativas estatales que vulneren el ámbito competencial catalán. Cumplimiento de sentencias Exigen cumplir los fallos sobre el traspaso de la gestión del 0,7 del IRPF, becas o formación continuada. vasión improcedente de competencias por lo que ha encargado a su gabinete jurídico que envíe un requerimiento formal al Gobierno central para que se hagan efectivas esas sentencias. Finalmente, la Generalitat quiere impulsar un acuerdo parlamentario para reclamar al Ejecutivo del PP que cualquier inversión en infraestructuras vaya acompañada de un estudio riguroso de coste- beneficio. La iniciativa tiene lugar después de que el propio Gobierno catalán haya cuestionado la inversión en el Museo del Prado y la utilidad del AVE a Galicia, o que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, hiciera lo propio con el AVE a Extremadura. El Estado cierra poco a poco el diálogo y tenemos que actuar en legítima defensa. No vamos a tirar la toalla. Vemos que las relaciones con el Gobierno se van petrificando dijo Francesc Homs. El portavoz PPC, Enric Millo, cree que el Gobierno catalán sobreactúa es un llorón y miente al indicar que hay una ofensiva recentralizadora porque nadie ataca a Cataluña La portavoz del PSC, Laia Bonet, cree que la respuesta de Mas es teatro, llega tarde y está coja Por su parte, el diputado y portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, cree que un Gobierno que ha hecho de la insumisión legal su seña de identidad no tiene legitimidad para dar lecciones sobre el cumplimiento de leyes Defensa de TV 3 Cataluña quiere evitar que el Gobierno español ordene la gestión privada de la televisión autonómica. Insumisión legal Mensaje a Monago Tras cuestionar el AVE a Galicia o a Extremadura, el Gobierno catalán reclama que cada inversión del Estado en infraestructuras vaya acompañada de un estudio riguroso sobre coste- beneficio Utilidad de las infraestructuras Propone que cada inversión del Estado en infraestructuras vaya acompañada de un riguroso estudio coste- beneficio.