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ABC MARTES, 27 DE MARZO DE 2012 abc. es españa ESPAÑA 49 HUELGA GENERAL La ley castigará al cargo público que incumpla los servicios mínimos S. N. MADRID Uno o varios agentes permanecerán al frente del puesto de control con exguardaespaldas a su cargo EFE Los escoltas sustituirán a la Guardia Civil en la seguridad de las cárceles BInterior ultima el plan que afectará a más de mil agentes, repartidos por toda España CRUZ MORCILLO MADRID La custodia de las prisiones es una de las tareas que la Guardia Civil ha tenido encomendada tradicionalmente de forma mayoritaria, pero esta norma cambiará en breve. El Ministerio del Interior ultima un plan para privatizar en parte este servicio del que en la actualidad se ocupan unos 1.600 agentes en toda España, según datos oficiales. Los escoltas privados del País Vasco y Navarra serán los nuevos vigilantes de las prisiones, tal y como ha confirmado la Dirección General de la Guardia Civil. El mando del servicio continuará, no obstante, a cargo de uno o varios agentes en un modelo que seguirá el camino del que funciona en los aeropuertos. Optimizarrecursos y dar una salida laboral a los escoltas del País Vasco y Navarra, pagados por el Ministerio del Interior, que se quedarán sin trabajo tras la reducción aprobada de casi la mitad del personal privado que presta servicios de protección. Esos son los objetivos que se persiguen con el plan del Ministerio y que ha encomendado a la Dirección General, según fuentes del Departament La primera confirmación se produjo el pasado martes en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil, el primero que presidió el ministro Jorge Fernández Díaz. A preguntas de un vocal de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) sobre una eventual privatización en determinadas unidades de vigilancia, el número 2 del Cuerpo explicó que existía un proyecto en este sentido y que pasaba por emplear seguridad privada procedente de la reducción sustancial del número de escoltas. Un par de días después, en la misma AUGC se recibió una llamada telefónica más precisa, tras una reunión celebrada en la Secretaría de Estado de Seguridad. En dicho encuentro se confirmó a la Guardia Civil la inminente puesta en marcha del plan de Más jubilados que nuevos Privatización inminente El Ministerio, que se reunió con los escoltas, ya ha dicho que la privatización parcial es inminente El modelo de aeropuertos El modelo pasa por que un guardia civil esté al frente del puesto de control, como en los aeropuertos privatización parcial de esos servicios, aunque sin plazos concretos, así como que se había acordado con los escoltas. Las premisas iniciales distinguen entre los agentes asignados a las unidades de seguridad penitenciaria, que en principio reforzarán las conducciones de presos y el resto, que quedarán a la espera de nuevos cometidos. Los representantes de los guardias civiles han advertido que estarán vigilantes para que no se perjudiquen los intereses de los afectados por una decisión gubernamental La razón de este plan, según fuentes del Cuerpo, es cubrir el problema de falta de personal que ya empieza a ser importante en algunos servicios. Solo el año pasado se jubilaron más agentes por enfermedad (sin contar a los que les correspondía por edad) de los que ingresaron, y esa carencia tiene visos de agudizarse con la crisis. Aunque es la Guardia Civil la que se encarga de la mayoría de las prisiones, la seguridad de algunos centros penitenciarios está encomendada al Cuerpo Nacional de Policía. Curiosamente, sus representantes sindicales no han recibido ninguna noticia sobre un eventual cambio en el destino de los agentes. La ley de Transparencia que prepara el Gobierno prevé considerar como infracción disciplinaria muy grave que un cargo público incumpla la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. Así está recogido en el artículo 26 del Anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ayer hizo público el Ejecutivo y al que los ciudadanos podrán hacer aportaciones en el plazo de quince días. Las normas recogidas en este texto se aplicarán a los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y el resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, así como a los altos cargos o asimilados autonómicos o pertenecientes a las corporaciones locales. Según la futura ley, todos ellos serán autores de una infracción disciplinaria muy grave si incumplen la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. Además, seexpondránasanciónsiobstaculizan el ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales o si protagonizan actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. Las sanciones previstas ante estas actitudes van desde la declaracióndelincumplimientoysupublicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta la destitución del cargo, lanopercepcióndelapensiónindemnizatoria por cargo público y la inhabilitación para un periodo de entre cincoydiezañosen funcióndela gravedad de la conducta a sancionar. Otra de las cuestiones que contempla el anteproyecto es que los altos cargos de la administración no aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía ni favores o servicios que condicionen el desarrollo de sus funciones. Así, cuando se reciban obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a la incorporación al patrimonio del Estado Tambiénse deberándevolverlas cantidades percibidas o satisfechas indebidamente en el caso de la que fijará la ley. Los gestores deberán actuar, subraya el texto, con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, desempeñarán su actividad con plena dedicación y se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto. No se aceptarán regalos Vídeo análisis sobre el repliegue de la Guardia Civil