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ABC CORDOBA 18-03-2012 página 57
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ABC CORDOBA 18-03-2012 página 57

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ABC DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 57 tivo el deber de custodia y acceso que corresponde a las personas propietarias, titulares de derechos o simple poseedores de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz; la intervención activa en la formación, modificación, revisión y aprobación del planeamiento urbanístico y de los programas, proyectos y planes. Pero en opinión de Safja no sólo estas potestades públicas son llevadas a cabo por personal ajeno a la Administración, vulnerando la legislación vigente y usurpando el carácter de autoridad o funcionario, sino que este personal firma los informes como arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura o como miembros del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico Con esta nueva denuncia penal, son ya cuatro los procesos abiertos en esta vía por Safja en el marco de la reordenación del sector público andaluz. Precisamente, la resentada ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba contra la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social y el director- gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, entre otros, ha sido admitida a trámite por el Juzgado, que asimismo ha abierto diligencias previas, ha citado a declarar y recoge que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal. También ha sido admitida la denuncia contra el director gerente del SAE y la delegada de Granada por la subrogación del personal. Toda esta dinámica ha sido valorada de forma positiva por el presidente de Safja, José Manuel Mateo, informa Ep, No debemos olvidar- -dijo- -que la Junta lo que pretende es mantener al personal enchufado, ahora lo llama subrogado, y alejar el dinero de los ciudadanos andaluces de un exhaustivo control económico, contable y financiero. Y añadió que Safja lleva años denunciando este auténtico sablazo a los derechos, no sólo de los funcionarios a los que este Sindicato representa, sino a todos los ciudadanos andaluces Los arquitectos cuestionan el decreto de las viviendas ilegales BConsideran difícil su aplicación y abogan por un nuevo modelo territorial de Andalucía J. C. SEVILLA Autoridad No es fácilmente aplicable por falta de medios de los ayuntamientos; tendría que haberse optado por una modificación puntual de la leyes urbanísticas, y debería evitar que se perjudique el crecimiento regular de los municipios por favorecer la integración de asentamientos. Estas son alguna de las apreciaciones que los arquitectos del Colegio Oficial de Sevilla han realizado sobre el decreto de la Junta destinado a la regularización de viviendas ilegales. El decreto prevé la normalización de unas 300.000 edificaciones levantadas en suelos no urbanizables. De esa cifra, 250.000 están en zonas aisladas y pueden ser regularizadas, no legalizadas. Se clasificarán en dos apartados que han levantado una fuerte polémica por la confusión de los términos. Alrededor de de 40.000 viviendas en parcelaciones o urbanizaciones y en hábitat rural diseminado puede ser legalizadas si se integran en los planes urbanísticos de los ayuntamientos. Rafael González Millán, presidente de la Agrupación de Arquitectos de la Función Pública, del Colegio sevillano, intervino recientemente en unas jornadas sobre la novedosa normativa de la Consejería de Obras Públicas, que dirige Josefina Cruz, en las que se llegó a la conclusión de que ante las dificultades que van a encontrar los ayuntamientos para su aplicación, se debería colaborar económicamente con ellos. Si se quiere hacer una chapuza mática a través de un decreto. Hay comunidades autónomas como la de Valencia que tienen una ley específica del suelo no urbanizable, y mediante un decreto difícilmente se va a solucionar el problema que tienen estos momentos los asentamientos en el campo. Lo mejor del decreto es que no ha gustado a nadie, ni a los ecologistas ni a los afectados Y de cara al futuro, independientemente del grupo político que venza en las elecciones, habría que hacer una revisión de la legislación andaluza, y habría que plantantearse por qué no se puede vivir en el campo y ampliar las zonas de especial protección En su opinión, la especial protección no debe ser sólo porque haya yacimientos arqueológicos o porque haya arroyos o vías pecuarias. El gran valor del suelo no urbanizable es que es campo y el campo hay que protegerlo. Y no tiene que entrar en contradicción con que haya algunas zonas del territorio de cada municipio donde se permita vivir allí En concreto, entre las conclusiones de las mencionadas jornadas se destaca que el decreto debería servir para iniciar una reflexión sobre el suelo no urbanizable, reabriendo el debate de los usos en el medio rural y contemplando la posibilidad de establecer usos residenciales aislados no vinculados a la productividad tradicional del mismo, así como la apertura a los nuevos conceptos de explotación sostenible y valoración del territorio Y de otro lado, se consideró que la normativa de la Junta no va a detener el proceso de parcelación ilegal el el medio rural si no se ponen en marcha medidas de fomento de la disciplina urbanística y de aplicación del régimen sancionador establecido en la legislación vigente Reflexión Josefina Cruz JOSÉ GALIANA siempre hay tiempo, pero en estos momentos los ayuntamientos no tienen dinero para hacer una buena ordenación del suelo no urbanizable En definitiva, según González Millán, el decreto tiene buenas intenciones, pero además de tratar de resolver el problema de los parcelistas debe abordar el modelo del territorio A juicio del presidente de la Agrupación de Arquitectos de la Función Pública, la Junta tendría que haber optado por una modificación legislativa en lugar de abordar la proble-

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