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56 ESPAÑA SÁBADO, 17 DE MARZO DE 2012 abc. es españa ABC Los funcionarios de Baleares ya no tendrán que hablar catalán BEl Gobierno de Bauzá quiere impedir que personas cualificadas se queden sin acceder a la Administración ANTONIO LIMONGI PALMA DE MALLORCA El Gobierno autonómico de José Ramón Bauzá aprobó ayer la modificación de la Ley de Función Pública, que da luz verde para que el catalán deje de ser un requisito en el acceso a la Administración pública de las Islas Baleares y que esta exigencia pase a ser solamente un mérito La modificación ha establecido una serie de excepciones en la función pública, para garantizar que los ciudadanos tengan el derecho a ser atendidos en las dos lenguas y afecta a los puestos de trabajo de asesoramiento lingüístico y de atención directa al público, así como atención telefónica. El catalán también será un requisito para acceder y ocupar puestos de la función pública docente, que se deberá regir por su normativa reglamentaria específica. El portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Educación, Rafael Bosch, explicó en Menorca que para llevar a cabo esta modificación se ha tenido en cuenta la legislación vigente, así como la expresión del poder judicial en diversas sentencias Además, precisó que durante el camino de elaboración del texto se han tenido que modificar algunos artículos de otras leyes por coherencia jurídica Éstas son la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma y la Ley de Coordinación de Policías Locales. Tanto Bosch, como el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, y el consejero de Presidencia, Antoni Gómez, se han venido reafirmando en su defensa del bilingüismo. En todas las modificaciones, solo se ha tocado aquello que hace referencia a la necesidad de acreditar un determinado nivel de conocimiento de la lengua catalana para acceder a un puesto de trabajo. En el caso concreto de la Ley de Normalización Lingüística, también se ha modificado el artículo que hace referencia a la topo- nimia, hasta ahora exclusivamente en catalán. En el nuevo redactado, se deja claro que cada consistorio de Baleares podrá proponer la inclusión de la fórmula castellana junto a la catalana. También se reconoce como órgano competente a los Consejos Insulares, para decidir si desean la toponimia sólo en catalán o en las dos lenguas. Bosch recalcó que con esta reforma se pretende atraer a la comunidad a las personas más preparadas laboralmente, sin prejuicio de su lengua. Concretamente, especificó que con las nuevas medidas se intenta instrumentalizar los mecanismos necesarios para que los procesos selectivos permitan el acceso de las personas mejor cualificadas y que superen las pruebas con más nivel en la Administración balear, sin que la falta de un determinado nivel de catalán sea un obstáculo Según el Gobierno autonómico balear, todo ello no es impedimento para que, una vez dentro de la Administración, todas las personas interesadas en alcanzar un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar en el conocimiento de esta lengua con la colaboración de la propia Administración o con el fomento de los cursos necesarios. Mayor cualificación José Ramón Bauzá, presidente balear ERNESTO AGUDO JUAN FERNÁNDEZ MIRANDA POLÍTICA DE PAJA Y VIGA Excepciones Se mantiene el requisito del catalán para asesores lingüísticos, atención al público y personal docente H ace bien Soraya, la nueva, en vigilar los gastos del nuevo Gobierno. Para eso fue votado su partido por siete millones de españoles; o mejor dicho, para eso no le votaron cuatro millones que sí lo habían hecho antes y que fueron quienes le echaron de Moncloa: para hacer oposición. Dice la portavoz socialista que el Gobierno se gastó 7 millones en propaganda en cartas informativas enviadas a los pensionistas. Lo que no dice es que la Ley obliga a Empleo a comunicar por escrito cualquier cambio en la pensión. No era propaganda, era Ley. Y no eran 7 millones, eran 1,6. Debe explicar ahora la portavoz cómo consiguió sumar 7 millones. No sé qué es peor: que la Ley obligue al Gobierno a gastarse dinero en cartas y sellos o que el PSOE no lo sepa. Más grave sería que sí lo supieran y, aún así, hayan formulado la pregunta. De todos modos, si esos son todos los papeles que tienen en Ferraz es que disponen de muy pocas razones para atacar a Rajoy. La oposición está para vigilar, y debe ser escrupulosa, pero de ahí a denunciar lo establecido en la Ley y hacerlo además en un tono melodramático, como si la continuidad del Estado del Bienestar dependiera de esas cartas a los pensionistas, va un trecho. Hace el PSOE una política de paja y viga que le permite denunciar sin sonrojarse ese gasto obligatorio cuando en ABC leemos día sí día también auténticos dispendios como el fraude de los ERE. El PP calcula que su coste será de 1.400 millones de euros. Es decir, siete de un gasto al que obliga la ley contra 1.400 de un escándalo mayúsculo. Esas son las cifras de la semana. Y esos son los escándalos que denuncia el PSOE.