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ABC SÁBADO, 17 DE MARZO DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 43 Presunto despilfarro Es el término que utiliza la juez para referirse a los hechos investigados La Junta crea otra fórmula para legalizar los antiguos ERE BConvoca subvenciones individuales para los afectados de empresas como Santana a una semana del 25- M ALBERTO GARCÍA REYES SEVILLA niendo en marcha los procedimientos de reintegro, al tratarse como bien manifestó el señor Guerrero en su declaración, de ayudas absolutamente discrecionales, que eran concedidas a entidades próximas a la Administración y al estar completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido que era el de la subvención excepcional El apartado de ayudas sociolaborales irregulares se cuantifica en 456 millones, las ayudas a empresas en 59, las primas por intrusos 3 millones más, y los pagos cruzados, 4 millones de euros. También se añaden otros 5 por la posible aparición de nuevas irregularidades. Mercedes Alaya, por otra parte, rechaza apartar a la Junta de Andalucía como acusación particular, y tampoco acepta su designación como responsable civil subsidiaria de las futuras indemnizaciones, dos de las reclamaciones del abogado de Guerrero. La juez explica en el auto que en el plano real, los verdaderos perjudicados u ofendidos por los delitos que se aquí se investigan, con independencia del buen nombre de una institución pública, son los ciudadanos de este país, y más concretamente los de esta Comunidad autónoma Por tanto, subraya que de declararse la responsabilidad civil subsidiaria, se daría la paradoja de que a los únicos que la misma podría beneficiar serían a los futuros acusados por estos delitos de no hacer frente a sus propias responsabilidades, mientras que los ciudadanos se verían doblemente perjudicados, primero por presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y segundo por tener que hacer frente, mediante el abono de sus tributos, a la cantidad en la que se concrete la responsabilidad civil subsidiaria, cuyo importe se aplicaría al pago de la misma en vez de a los fines públicos e interés general a los que por naturaleza deberían ser destinados Francisco Javier Guerrero es el primero y el único de los cincuenta imputados por la trama de los ERE fraudulentos que se encuentra en prisión. La juez ordenó esta medida en la madrugada del pasado sábado, tras tomarle declaración durante tres jornadas. Otros altos cargos de la Junta de Andalucía sobre los que pesa la imputación son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá. También han corrido la misma suerte el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, así como su antecesor, Juan Márquez. Indemnizaciones Apenas nueve días antes de las elecciones autonómicas y admitiendo que el procedimiento no se ajusta en su totalidad a las bases reguladoras tipo la Consejería de Empleo publicó ayer una convocatoria de urgencia en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones a los trabajadores beneficiarios de ERE afectados por la situación de liquidación de la compañía aseguradora Apra Leven Es decir, ha creado una nueva fórmula para legalizar las prejubilaciones que el exdirector General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, aprobó con cargo al fondo de reptiles con la intermediación de esta aseguradora belga, que está en situación de quiebra y no está abonando las pólizas. Entre las empresas que firmaron sus expedientes de regulación de empleo con Apra Leven destacan Santana Motor, Surcolor y Aglomerados Morell. Lo hicieron a través del procedimiento considerado irregular por la juez Alaya. Y curiosamente en plena campaña electoral se ha aprobado con toda celeridad una orden rubricada por el consejero Manuel Recio para dar cobertura a las 600 familias afectadas por los impagos de Apra, a quien, por cierto, Guerrero le adjudicó con cargo a la famosa partida 31 L una póliza para 24 trabajadores de Aglomerados Morell un día antes de abandonar su cargo, según consta en el sumario del caso. Este farragoso procedimiento no es más que una solución in extremis para hacerse cargo de las prejubilaciones acordadas por Guerrero utilizando otra fórmula. Pero varios funcionarios consultados por ABC aseguran que podría producirse una duplicidad en la adjudicación, ya que los trabajadores afectados ya son beneficiarios de una póliza con Apra Leven, quien a su vez tiene un calendario de pago por parte de la Junta firmado con Francisco Javier Guerrero. Ahora la aseguradora está en liquidación, pero la Junta no tendría por qué pagar las consecuencias. No obstante, la orden ya está publicada. Curiosamente ha salido en el BOJA con apenas tres días de margen, ya que la convocatoria fue firmada por el consejero el pasado martes día 13. Y en ella se llega incluso a re- Trabajadores de Santana, en una protesta en San Telmo conocer que se trata de una fórmula alternativa. Textualmente dice que aplica esta vía con la finalidad de arbitrar una solución que garantice la cobertura social de las personas que se hayan visto afectadas En total, la Junta pagará 27,5 millones de euros detraídos de cuatro partidas EFE EDUARDO ABAD presupuestarias, pese a que admite sin pudor que la orden firmada por el consejero Recio no se ajusta en su totalidad a las bases reguladoras tipo aprobadas por orden de la Consejería de Hacienda aunque se ha tomado como referencia las mismas CASO DE LOS ERE Intervención dio el sí a las transferencias de Griñán ABC MADRID El presidente andaluz, José Antonio Griñán, aseguró ayer a través de un escrito remitido a ABC a que las modificaciones de 1,2 millones de euros realizadas al fondo de los ERE, según consta en una orden firmada por él, se hicieron con la oportuna autorización de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y por lo tanto, conforme a la legislación vigente De este modo, el candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía responde a la información publicada el pasado miércoles bajo el título Griñán desvió 1,2 millones al fondo de los ERE para financiar la trama de Cádiz Según el escrito remitido por la Consejería de Presidencia, el extracto del expediente que se reproduce parcialmente en ABC incluye en su formato íntegro la mención a la existencia del informe preceptivo de la Intervención General, aspecto que ocul- ta la información. Es necesario destacar además que esta información ya fue publicada en esencia el pasado 1 de abril y en aquel momento se difundió la existencia del informe de la Intervención General y se reprodujo fotográficamente, por lo que se trata de algo ya conocido y a lo que no cabe alegar ignorancia La Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz explica que además, las ayudas del Plan Bahía Competitiva que están siendo investigadas no corresponden a fondos de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno de España. Fue la eficacia de los controles de las ayudas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia la que permitió detectar presuntas irregularidades de empresas que solicitaban acogerse a las ayudas de reindustrialización del Ministerio de Industria Este grupo de empresas nunca ha cobrado una ayuda de la Junta de Andalucía, es decir, ni un solo céntimo del presupuesto de la Junta se ha destinado a esta empresa