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ABC JUEVES, 16 DE FEBRERO DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 31 ocupaba un puesto en el que tenía una visión global de la situación, y de hecho en algún momento hizo preguntas sobre algunas de las irregularidades que veía que se estaban cometiendo. Sin embargo, jamás denunció los hechos y, por tanto, con su actuación permitió que continuara la actividad delictiva, razón por la cual está imputada por la juez Alaya. No obstante, su colaboración con la justicia- -aún no ha declarado ante la magistrada- le permitirá salir mejor parada. Es importante, asimismo, porque no ostentaba un cargo político y, por tanto, su declaración se supone alejada de fines espurios. María José R. V. trabajaba en una de las nueve Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedelt) de Huelva, donde era la responsable de ese organismo, también para nueve pueblos, a través del que se canalizaban ayudas para ele Empleo y el desarrollo. En 2008, cuando Juan Márquez Contreras, de Huelva como ella, sustituyó a Francisco Javier Guerrero al frente de Trabajo, recibió una oferta para que se incorporase al núcleo de sus colaboradores más próximos, puesto que mantuvo tras la salida de Márquez. El papel de la testigo se dibuja bien con uno de los casos en los que participó, el que afectó a Calderinox. Según el informe de la Guardia Civil, desempeña un papel importante Siendo asesora técnica tiene los datos de los trabajadores de Calderinox y es la persona que trata con (la aseguradora) Uniter y con José González Mata (su responsable, ya imputado) Esta asesora no es la única dispuesta a colaborar. En los últimos días, los investigadores tienen cola de personas que están al tanto de alguna de las tramas y que se ofrecen a hablar, por ejemplo personal de la aseguradora Vitalia. Mientras, la Guardia Civil sigue tomando declaraciones a imputados. Ayer le tocó el turno a varios de los relacionados con la trama de la Sierra Norte, una zona que recibió numerosas ayudas de Trabajo, de la mano de sus alcaldes. Empleo endosó a Innovación pagos de ERE tras estallar el caso BEl PP denuncia que el director de Trabajo en 2010 le instó por carta a financiar ayudas A. R. V. SEVILLLA La onda expansiva del caso de los ERE fraudulentos, con epicentro en la Consejería de Empleo, ha alcanzado también a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en la etapa del Gobierno de José Antonio Griñán. El PP denunció ayer que este departamento costeó en 2010 una ayuda sociolaboral de 337.500 euros destinada a un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a 199 trabajadores de la empresa de ingeniería Abantia Ticsa S. A. U. Se trata de una subvención de carácter excepcional comprometida por la Consejería de Empleo de acuerdo con una resolución de pago del 26 de mayo de 2010, según especificó en rueda de prensa el secretario general del PP- A, Antonio López. Los populares apoyan su denuncia en una carta que el actual director general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Daniel Alberto Rivera, envió al director de Administración y Finanzas de la Agencia IDEA- -el ente autonómico que Empleo utilizaba para hacer los pagos irregulares- -el 14 de septiembre de 2010. En la misiva, Rivera- -que está imputado por la juez que investiga la trama de los ERE- -emplaza al responsable de IDEA a asumir el pago del 75 por ciento de la cuantía de la ayuda (450.000 euros) para no perjudicar a los trabajadores y empresa Para ello, apela a un compromiso acordado desde las viceconsejerías de ambas consejerías con fecha de 26 de enero de 2010 Además, el PP hizo público otro documento manuscrito con membrete de la Consejería de Empleo y adjunto a la citada carta en el que el 21 de enero de 2010 encabezado por el siguiente mensaje del entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barbera: Juan en alusión al director de IDEA éste es el tema de Abantia que hemos halado. El compromiso de Innovación pone 450.000 euros El dirigente del PP- A se mostró convencido de que este pago demuestra la existencia de un tercer fondo de reptiles que se puso en marcha después de destaparse el fraude en los ERE y funcionó en paralelo con otro fondo opaco de la empresa autonómica Invercaria. Demuestra, a su juicio, que La Junta tuvo que ingeniárselas para hacer frente a pagos asumidos por Empleo a través de un nuevo sistema que obligaba a la Consejería de Innovación a correr con estos gastos. Colas para declarar Antonio Sanz muestra un documento manuscrito de Empleo, ayer en una rueda de prensa en la sede del PP EP