ABC CORDOBA 13-01-2012 página 32

32 ANDALUCÍA VIERNES, 13 DE ENERO DE 2012 abc. es andalucia ABC La Junta tardó nueve meses en pedir el dinero defraudado en los ERE BHasta noviembre Empleo no empieza a notificar a falsos prejubilados que deben devolver las ayudas, algunas de las cuales pueden estar ya prescritas nado a esta partida los últimos diez años proclamó entonces el titular de Empleo tratando de minimizar la magnitud del fraude que golpeaba de lleno a su Consejería. Nuevas revelaciones dejaron pronto desfasados los cálculos oficiales más optimistas. Además de ERE amañados, se repartieron a discrección 65 millones en ayudas arbitrarias a empresas que no se justificaban, a los que se suman 4 millones más repartidos entre ayuntamientos del PSOE. Muchas de esas ayudas fueron para costear proyectos fantasma que no se hicieron. Sin embargo, la Administración tiene pocas posibilidades de recuperar los fondos por la vía administrativa, toda vez que a los intrusos siempre les queda como último cartucho presentar un recurso contencioso- administrativo para eludir el pago y eternizar los plazos. La Junta se topa con un obstáculo añadido: las primeras pólizas pagadas con subvenciones se empezaron a conceder en 2001, cuando José Antonio Viera estaba al frente de Empleo, por lo que muchas de ellas han prescrito. Fue en julio de 2001 cuando se implantó el procedimiento que permi- V A. R. VEGA SEVILLA amos a recuperar hasta el último céntimo mal utilizado en las pólizas asociadas a ERE Entre esta declaración contundente del consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, el 11 de febrero pasado, y las primeras reclamaciones administrativas a intrusos colados en expedientes de regulación de empleo amañados pasaron meses. Nueve meses, para ser exactos. El responsable autonómico reaccionaba así pocos días después de que el escándalo saltara a los titulares de prensa. El detonante fue una declaración ante la Policía Judicial en diciembre de 2010 del que fuera director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, destapando la existencia de un fondo de reptiles para socorrer a criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral Nueve meses es el tiempo transcurrido desde que la Consejería anunció su voluntad de recuperar todo el dinero defraudado y la fecha en que comenzó a enviar notificaciones a falsos trabajadores instándoles a devolver las ayudas cobradas de forma ilegal, a lo largo del pasado noviembre, según corroboraron a ABC asesores jurídicos de prejubilados. Les dio un plazo de diez días para formular alegaciones que ya ha expirado. Como paso previo, les requirió información sobre las ayudas percibidas. Estas comunicaciones forman parte del procedimiento administrativo que el Gobierno andaluz anunció en marzo que iba a poner en marcha de oficio para reponer el quebranto causado a las arcas de la Junta. Se trata de un proceso paralelo a la investigación penal de la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. La magistrada ha impuesto ya fianzas que suman 4,8 millones a los 16 primeros imputados. La Junta cifró el perjuicio económico en sólo 9 millones de euros atendiendo a los 72 intrusos que, según una investigación interna de la Consejería, figuraban en ERE de empresas donde jamás habían trabajado. Sólo representa el 1,39 por ciento del fondo de 647 millones de euros desti- Recio atiende a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz Suspende el reingreso de Guerrero por la gravedad de los delitos que le imputan El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la trama de los ERE, no podrá reincorporarse a su puesto de funcionario en la Administración. Ayer la Junta de Andalucía decidió suspender cautelarmente su reingreso en el funcionariado por la gravedad de los delitos que se le imputan pese a que Guerrero amenazó con irse a los tribunales si no se lo concedían. Se ha considerado que había un bien mayor que proteger dijeron fuentes de la Oficina del Portavoz que explicaron que Guerrero no podrá reincorporarse a la Junta mientras esté inmerso en un procedimiento en los tribunales, en este caso imputado por el fraude de los ERE. De hecho el Estatuto del Empleado Público contempla la posiblidad de suspensión cuando el funcionario esté inmerso en un procedimiento judicial. Desde la Junta se recuerda que sería ás graves la vuelta de Guerrero teniendo en cuenta que era funcionario de Empleo, la misma Consejería en la que estalló todo el escándalo. Si quiere ir a los tribunales, está en su derecho dijeron.