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ABC CORDOBA 13-01-2012 página 18
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  • EdiciónABC, CORDOBA
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18 CÓRDOBA VIERNES, 13 DE ENERO DE 2012 cordoba. abc. es ABC Urbanismo prevé una cascada de peticiones de servicios para parcelas ilegales BEl nuevo decreto de la Junta tendrá incidencia en asentamientos de la Vega aún sin regularizar, en parte de la Sierra y permitirá obras de defensa en el río; la duda está en Medina Azahara E M. P. A. CÓRDOBA l nuevo decreto de la Junta para la regularización de asentamientos de viviendas en suelo no urbanizable va a suscitar una cascada de peticiones individuales de parcelistas ilegales para dotarse de servicios básicos amén de que aspiren a que sus parcelaciones en conjunto se regularicen y pasen a ser suelo urbano no consolidado- -la nueva calificación que contempla el decreto- o en un mal menor, asimilados a fuera de ordenación. Esta es una de las primeras conclusiones que los responsables de Urbanismo han extraído de la lectura de un decreto confuso, muy interpretable y con una vocación de objetivos máximos a conseguir por los parcelistas que se irá modulando a medida que los ayuntamientos, a fin de cuentas en quienes recae la patata caliente, vayan poniendo negro sobre blanco este nuevo marco legislativo urbanístico. Según fuentes municipales de toda solvencia, el decreto tendrá incidencia en la capital, no tanta como en la provincia, sobre todo en aquellos municipios en los que sus planes generales no hayan recogido el fenómeno parcelario o ni siquieran dispongan de ese instrumento aprobado. De las primeras exploraciones realizadas sobre el texto aprobado el martes por el Consejo de Gobierno pudiera decirse que hay cinco zonas calientes a tener en cuenta en Córdoba capital, además de descartarse que pueda influir sobre las ocho parcelaciones regularizadas por el PGOU de 2001. La primera zona está, precisamente, en la ampliación de ese bloque de parcelaciones que todavía se tramita, y que afecta a poco más de un millón de metros cuadrados, sobre todo en la Vega, y que deparó una innovación del Plan General todavía a falta de su aprobación definitiva. En este sentido, se trataría, según los responsables de Urbanismo, de una cuestión técnica que prolongaría su regularización administrativa. En estos momentos, el trámite en ciernes se dirige a convertir el suelo de estas viviendas en urbanizable mientras que el decreto aboga por la calificación de suelo urbano no consolidado (un escalón superior) Otro punto caliente está en parcelaciones existentes en estos momentos en la Vega y que no pertenecen al primer paquete de ocho regularizadas por el PGOU, ni a la ampliación en trámite, y que tampoco se asientan sobre suelo de especial protección (aunque sea de protección de Vega ya hay iniciativas en Córdoba sobre estos suelos que han restado valor y necesidad a este tipo de blindaje) Habría, según el decreto, que inventariarlas y estudiar su reconocimiento legal, que parece factible. El caso de la Sierra es heterogéneo. En la zona alta de la ciudad hay unas 24 parcelaciones con entre 1.400 y 1.600 viviendas. De ellas, diez (con un millar de viviendas) podrían obtener servicios por un plan especial de mejora del medio. Esto es, reconocer la ilegalidad pero neutralizar sus riesgos e impactos. Otras catorce, con unas 500 casas, son irreconducibles. Ahora bien, parte de todas ellas está en suelo protegido por su alto valor ambiental, y otra parte no están protegidas y sí podrían aspirar a ser reconocidas con este nuevo decreto por el PGOU en la doble vertiente: primero sus residentes podrían solicitar de forma individual la figura de asimilados a fuera de ordenación para lograr servicios que ellos costearían (siempre con limitaciones como las infracciones cometidas, su prescripción y Viviendas de una parcelación en las primeras estribaciones de la Sierra consolidación y también escuchando a las empresas de servicios) y después tramitar la regularización en conjunto como nuevo suelo urbano no consolidado. Por su parte, las casas en la margen del río, que han protagonizado dos riadas históricas, sí que no podrán regularizarse aunque se les da la posibilidad a sus moradores de hacer obras para protegerse del río. Es decir, acometer muros de defensa para mitigar el peligro de las inundaciones por el desbordamiento del río, pero no ser legales ni suelo urbanizable o urbano no consolidado. La gran duda está en Medina Azahara y las tres parcelaciones incardinadas en la zona BIC que, según el decreto, a poco o nada pueden aspirar hoy.

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