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ABC MARTES, 29 DE MARZO DE 2011 abc. es andalucia ANDALUCÍA 55 de retardo con respecto al periodo analizado por el interventor, correspondiente a la liquidación del ejercicio de 2002. Pocos meses antes, en la primavera de 2005, otro informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió a las Consejerías de Empleo y de Hacienda. Fue rebatido con alegaciones por el primero. Por su parte, la viceconsejera de Hacienda en aquella época y actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, asegura que nunca le hizo llegar el informe a su superior, que era Griñán. La Intervención cuestionó en 2005, 2006 y 2007 el sistema de tramitación de las ayudas como transferencias a la financiación de explotación en vez de hacerlo como subvenciones excepcionales, que era un procedimiento más largo pero con más garantías jurídicas de que los fondos llegasen al destino correcto. Pero la Intervención fue más allá de la forma y apuntó otras deficiencias de fondo, como descuadres entre las ayudas aprobadas para ERE y el dinero que luego se imputaba al presupuesto. Esta falta de control fue luego el caldo de cultivo propicio para un fraude que, según la Consejería de Empleo, habría escamoteado unos 9 millones de euros a las arcas públicas, dinero que se habrían repartido los 72 intrusos aparecidos en los ERE, personas que se beneficiaron de prejubilaciones subvencionadas por la Junta en empresas donde nunca trabajaron. La investigación interna realizada por la Consejería de Empleo a instancias del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que abrió pesquisas por el caso de los ERE fraudulentos, reveló además 111 irregularidades, es decir, personas cuya vinculación laboral con la firma era dudosa. Entre 2001 y 2010, la Junta manejó más de 647 millones para ayudas a planes de ajuste laboral en empresas en crisis. De esos más de 107.000 millones de las viejas pesetas se nutrirían el célebre fondo de reptiles para pagar prejubilaciones y despidos en empresas que destapó el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, en su declaración ante la Policía Judicial por el caso Mercasevilla. El PP sospecha que la Junta desoyó hasta siete documentos desde 2002 BSanz dice que Griñán, Fernández y Vallejo son responsables directos en la trama A. R. V. SEVILLA El secretario general del PP- A, Antonio Sanz, aseguró que la responsabilidad sobre las irregularidades detectadas en las ayudas a los ERE alcanza ya a tres consejerías, toda vez que el departamento de Innovación- -entonces bajo el mando de Francisco Vallejo- -también conocía los hechos y es corresponsable de haberlos permitido El dirigente de los populares dio un paso más y afirmó que es posible que existan hasta siete informes uno por año, realizados desde 2002 por la Intervención General, dependiente de la Consejería de Hacienda (bajo el mando de Griñán) cuestionando la tramitación de las ayudas. Podría ser, apuntó, que no existiera un único informe de la Intervención advirtiendo de irregularidades en el reparto de las ayudas a empresas con problemas de viabilidad. Antonio Sanz, ayer en la presentación de la campaña del PP Más empleo y pensiones seguras en la sede de los populares ABC Más responsables El número dos del PP andaluz señaló que el ámbito de responsabilidad del Gobierno andaluz en torno al caso de los expedientes de regulación de empleo es tan amplio que demuestra la existencia de una presunta trama en el Gobierno andaluz que pudiera haber contado con la participación directa de al menos tres consejerías. Sanz aseveró en una rueda de prensa que esta presunta trama, que no es responsabilidad del capricho, locura o golfería de un ex director general de Trabajo en referencia a Francisco Javier Reparos de Intervención Sanz critica también el sobrecoste de algunos ERE, que estaban inflados, o las ayudas a consistorios gobernados por el PSOE Guerrero, ha extendido todos sus tentáculos hacia tres consejerías: Empleo (con Antonio Fernández al frente) Economía e Innovación. Para Sanz, los máximos responsables de las consejerías son actores protagonistas de esta presunta tra- ma, habiendo, no obstante, muchos otros responsables y encubridores agregó, por lo que cada día que pasa está más claro que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves son culpables de haber permitido y no haber evitado este fraude. El dirigente del PP- A también se refirió a la existencia de ayudas a ERE que estaban infladas. Recalcó en este sentido que hay un cúmulo de deficiencias como el sobrecoste de los expedientes y las pólizas, o las ayudas irregulares a las empresas y a los ayuntamientos socialistas, procedentes del fondo de reptiles