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EDITORIALES
DOMINGO 7 s 12 s 2008
ABC
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OXÍGENO
CONTRA LA MALA GESTIÓN
L Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, último de los parches o instrumentos del Gobierno para combatir la crisis, ha traído buenas noticias para los ayuntamientos al dotarlos con el denominado Fondo de Inversión Pública en el Ámbito Local, que con un monto de 8.000 millones de euros se dedicará a financiar obras de ejecución inmediata que pueden iniciarse a partir del próximo 11 de enero y nunca más tarde del 13 de abril. El objetivo de este fondo, como es deducible, es el de aliviar la situación financiera de los ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos en los últimos años, la actividad urbanística, ha caído en picado dejándolos en una situación que en muchos casos está al borde de la quiebra técnica. A Córdoba y su provincia le corresponden alrededor de 140 millones de euros de este Fondo, de los que algo más de 57 tendrán como destino la capital. Las cantidades serán algo mayores dado que la Junta de Andalucía, siguiendo con su costumbre de replicar miméticamente lo que haga el Gobierno central, ha anunciado una medida similar, lo que acabará incrementando el dinero al menos en la ciudad en algo más de 10 millones de euros. Con esta partida, el Ayuntamiento recibe oxígeno para salvar una muy mala situación contable y presupuestaria, fruto desgraciado de una gestión casi inexistente y errática cuyo paradigma se encuentra en el Centro de Congresos, última denominación hasta la fecha de lo que en su día fue el Palacio del Sur, sometido a la incertidumbre más absoluta y no sólo por la crisis sino por las condiciones del nuevo contrato firmado con el arquitecto Rem Koolhaas. Desde el Consistorio ya se ha avanzado que se va a trabajar con intensidad en el plan de obras municipales a financiar, cada una con un máximo de hasta cinco millones de euros, que se ejecutarán a lo largo del año próximo. También se insiste en que el nuevo dinero disponible permitirá librar hasta 30 millones de euros para el Centro de Congresos, adjudicándose las obras el próximo otoño. Sin embargo, es de esperar que, en primer lugar, los 57 millones de euros se inviertan adecuadamente, siguiendo criterios de urgencia y necesidad municipal sin buscar futuras rentabilidades políticas y, por supuesto, respetando los criterios que marca el Ministerio de Administraciones Públicas, con el fin de que no haya sorpresas inesperadas en posteriores auditorías. Luego, y ya que la aprobación definitiva de los presupuestos municipales se va a retrasar, no estaría de más que el capítulo de tasas e impuestos también se revisase para congelar y reducir sus subidas al mínimo indispensable.
E
CONFIANZA EN LA CONSTITUCIÓN
US Majestades los Reyes presidieron ayer en el Congreso de los Diputados la conmemoración del trigésimo aniversario de la Constitución. La ausencia de siete de los once partidos con representación en la Cámara demuestra la falta de respeto institucional de quienes no saben estar a la altura de las circunstancias, pero no puede ocultar el hecho de que los presentes (PSOE, PP, CiU e IU) representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos por número de votos y escaños. También se echó en falta la presencia de bastantes presidentes autonómicos. Como siempre, Don Juan Carlos expresó el sentimiento generalizado en la sociedad española al proclamar la máxima confianza en la Constitución y la necesidad de que siga siendo el centro y el eje de la convivencia. Con independencia de que se ofrezcan argumentos razonables sobre su reforma, es notorio que el momento no es propicio para el consenso y que lo mejor en la situación actual es que la clase política centre sus esfuerzos en los problemas reales de los ciudadanos, empezando por la crisis económica. No es conveniente ahora mantener abierta la tensión que implica un cambio en las reglas del juego, sino atender a las urgencias políticas y económicas con un sentido de la responsabilidad que falta- -por desgracia- -en un amplio sector de nuestra clase política. Los principios que inspiraron la Transición y que configuran el núcleo básico del texto constitucional siguen siendo perfectamente válidos. Lo importante es que no sean papel mojado y que se pongan en práctica con un espíritu de lealtad y cooperación que parece haber desaparecido de nuestra vida pública. La democracia tiene un fuerte componente simbólico. Por eso, lo mismo que los ciudadanos aprecian el acuerdo entre grupos muy diferentes cuando se trata de condenar un acto terrorista, muestran su rechazo y su indignación cuando la discordia se refleja en el desprecio a la Carta Magna o en el intento de eludir su
S
cumplimiento. En el contexto actual, es urgente que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre el Estatuto catalán, que introduce con toda evidencia una fórmula sesgada para quebrar el modelo vigente de organización territorial. Si se confirman los razonamientos- -obvios, desde el punto de vista jurídico- -que sustentan la sentencia reciente sobre el referéndum planteado por el lendakari, es lógico suponer que el citado Estatuto no podrá superar la barrera infranqueable en materia de soberanía nacional que proclama la Constitución. Una lealtad plena hacia los valores democráticos y pluralistas resulta imprescindible en la situación actual. Rodríguez Zapatero practica una política oportunista que refleja una frecuente contradicción entre las palabras y los hechos. El pacto con partidos antisistema para gobernar en determinadas comunidades autónomas no es la mejor prueba de respeto a la Norma Fundamental. La clave está en un entendimiento entre los dos grandes partidos de ámbito nacional, que representan a más del 80 por ciento de los electores, no tanto sobre una reforma de la letra, como sobre la aplicación del espíritu de la Constitución. La Monarquía de todos abrió la puerta a un periodo muy positivo en la historia de España, que ocupa hoy día el lugar que le corresponde entre las grandes democracias occidentales. Cuando Don Juan Carlos afirma que la Constitución es el mejor instrumento de futuro y que se trata de una gran Constitución para una gran nación expresa el punto de vista de la gran mayoría social. En otro momento político y socieconómico podría abordarse con rigor y serenidad la mejora en algunos elementos concretos, pero sin poner en cuestión- -como algunos pretenden de forma interesada- -los grandes logros alcanzados y la validez de los principios esenciales, partiendo siempre de la soberanía del pueblo español como único fundamento de la legitimidad democrática.
