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ABC
DOMINGO 12 3 2006
Córdoba 33
diendo a un modelo de cogestión, las ayudas se emplean en pagar el arreglo y cuidado de los jardines de estos barrios por los propios residentes. Otras veces, el reparto económico se realiza a golpe de decreto o mediante expedientes que ven la luz en la Junta de Gobierno Local. Las empresas, ora la reciban nominalmente ora a través de su gremio, son otro de los destinos medulares de los fondos municipales. Son los casos de la Unión de Vendedores Ambulantes (que obtiene 24.000 euros por la instalación de la carpa navideña) o los centros comerciales abiertos diseminados por toda la ciudad, que captan en total 112.000 euros.
Ayudas con sello oficial que levantaron polvareda
Cuatro millones de euros, eficazmente racionados entre la avalancha de peticiones que llegan al Ayuntamientos, no son cosa menuda. Son muchas las pequeñas asociaciones a las que les va la vida en esos 6.000 euros que cada año carga en su cuenta el Consistorio para mantener el pulso de sus actividades. Y como es lógico, muchos son también los intereses creados en torno a estos cheques salidos del talonario oficial. La subvención más polémica que se recuerda son los 5.000 o 12.000 euros (nunca se llegó a especificar) que iban a financiar el viaje de unos jóvenes cordobeses al Festival Mundial de la Juventud de Venezuela. Aguijoneada por las críticas del PP, la edil de Juventud, Ana Morales, tuvo que comparecer en el Pleno a la vuelta de sus vacaciones caraqueñas para dar explicaciones. Al día de hoy, la pista de la ayuda económica se ha perdido en una maraña burocrática de difícil comprensión. En cuestión de aportaciola con celo los mecanismos de concesión. El Ayuntamiento de la capital tardó tiempo en reaccionar levantando atajos convincentes y alternativos en un reglamento interno. Esa lentitud de reflejos, luego reconducida para satisfacción de los principales interesados, dio lugar a la crisis del artículo 51 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. El conflicto estalló en el Pleno del pasado mes de mayo, donde varias asociaciones de afectados, sobre todo jóvenes, inundaron Capitulares de pancartas contra el Ayuntamiento y el fastidioso artículo, que amenazó con cortar el grifo de las ayudas municipales a todos aquellos que no pasaran una dura prueba de requisitos, que eran casi todos. Acuciado por las protestas, el delegado municipal de Presidencia, Alfonso Igualada, resolvió esa difícil papeleta. Recientemente, el Consistorio ha puesto en marcha una oficina municipal para gestionar y aliviar los trámites que acarrea una subvención.
Reparto por delegaciones
Las cuentas de 2006 son las primeras que recogen un Plan Estratégico de Subvenciones, requisito que establece tanto la Ley General de Subvenciones como el reglamento municipal. En el ranking de delegaciones, la más acaudalada es el Área de Cooperación. Gestiona 980.000 euros, que se funden en proyectos enfocados, principalmente, hacia la solidaridad. Le siguen, en la escala cuantitativa, los departamentos de Hacienda y Comercio (477.800 euros) y Alcaldía (446.157) Ésta abriga las subvenciones más heterogéneos, entre las que se cuentan la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Colega (colectivo de gays y lesbianas) o la Asociación Española contra el Cáncer. En cambio, las peor dotadas del organigrama municipal son Educación (76.525 euros) y Cultura y Capitalidad (ambas suman los 84.643 euros)
Protestas en el Pleno contra la Base 51 que regula las ayudas
nes, la Intervención Municipal de Fondos se ha convertido, muchas veces, en un frontón contra el que se han estrellado las expectativas de multitud de asociaciones, tales como la Federación de Peñas o la agrupación vecinal Al- Zahara. El órgano fiscalizador del gasto aplicaba a rajatabla las Bases de Ejecución del Presupuesto, que exigen a cualquier beneficiario que justifique con detalle cada euro que le fue entregado. Lo que para el primero no era más que la aplicación rigurosa de la norma, los afectados lo vivieron de forma dramática, como una vuelta de tuerca más a la asfixiante situación económica. Pero allí donde se topaba con la norma, el Ayuntamiento sacó petróleo de otras partidas y buscó salidas bajo la letra pequeña, con el fin de que los colectivos no se vieran desprovistos de su asignación. Eso fue lo que hizo cuando se dio de bruces con la Ley General de Subvenciones, una ley de rango superior aprobada en tiempos del anterior Gobierno del PP, que regu-