ABC
DOMINGO 15 6 2003
Editoriales 11
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CATALINA LUCA DE TENA JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS DIRECTOR ADJUNTO DE ABC CÓRDOBA: F ERNANDO DEL VALLE LORENCI
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MADRID, CIUDADANOS Y EMPRESARIOS
A convocatoria de nuevas elecciones para salir de la crisis abierta en la Comunidad de Madrid por la inesperada defección de dos diputados electos en la lista del PSOE aparece como la opción más aconsejable no sólo en el criterio de la mayoría de los sectores políticos, sino también ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos. Así lo refleja una encuesta de urgencia encargada por el Partido Popular, cuyos resultados publica hoy ABC, y en la que más de un 50 de los preguntados se pronuncia, de modo más o menos intenso, por unos nuevos comicios como la opción más beneficiosa ante el colapso institucional desencadenado en la Asamblea madrileña. Destaca en este sentido la unanimidad con que los encuestadosse manifiestan, independientemente del sentido de su voto en las elecciones autonómicas. Tanto los votantes del PP como los del PSOE y los de IU se pronuncian, en porcentajes similares (más del 60 por la repetición de los comicios como salida más razonable de la crisis, aunque quizá con motivaciones diferentes. En todo caso, parece incontrastable que los ciudadanos aprecian que cualquier solución desde la actual composición de la Asamblea dejaría al partido que gobernase la Comunidad en situación precaria, difícilmente controlable y con graves problemas de legitimidad. Las otras dos posibles alternativas se perfilan mucho más inciertas. Sólo una mayoría de votantes del PP desea, lógicamente, que la segunda opción al bloqueo sea la elección de Esperanza Aguirre como candidata de la lista más votada, mien-
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tras que el electorado del PSOE respaldaría la posibilidad de elegir al candidato socialista sin coaligarse con Izquierda Unida a la hora de formar gobierno. Pero ninguna de estas soluciones alcanza el nivel de consenso con que cuenta, según el sondeo, la repetición de las elecciones en busca de un escenario sin hipotecas.
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A encuesta recoge también el criterio de los electoressobre lasmotivaciones de los dos inesperados tránsfugas del PSOE (una mayoría relativa considera que actuaron de acuerdo con sus intereses personales, mientras que un tercio cree en las razones políticas por ellos argumentadas) y sobre la medida de la dirección socialista de expulsarlos del partido, igualmente respaldada por la opinión popular. Destaca, sin embargo, el hecho de que una mayoría significativa opine que la prevista coaliciónPSOE- IU es más perjudicial que beneficiosa para los intereses y la imagen del propio Partido Socialista. Lo que a nadie se le escapa es, en cualquier caso, el calado de una crisis que ha comprometido gravemente la credibilidad general de la política. La defección de los dos electos en la lista del PSOE ha puesto simultáneamente de manifiesto la existencia de fisuras en el sistema, que afectan tanto a la composición de las propias candidaturas como al sistema de elección indirecta de los gobernantes, y plantea dudas sobre la permeabilidad de la política a las presiones exteriores, en particular las provenientes del mundo económico y empresarial.
Conviene resaltar, en este sentido, la injusta criminalización con que ciertos sectores socialistas tratan de salpicar la imagen colectiva del empresariado madrileño, extendiendo sospechas por el momento infundadas que, aunque alcanzasen carta de veracidad mediante la ajustada y pertinente comprobación, salpicarían tan sólo a quienes eventualmente hayan podido participar en maniobras espurias de desestabilización política. Convertir en sospechosa a una clase empresarial que se caracteriza por su pujanza, y que ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las más prósperas de España, con extraordinaria capacidad de creación de empleo y generación de riqueza, constituye una irresponsabilidad manifiesta que en modo alguno puede ser compartida. ENOS aúnes legítimaestaextensióndelasospecha como fórmula para alejar responsabilidades propias. Como la misma encuesta aludida refleja, la mayoría de los ciudadanos entiende que lo sucedido en la Asamblea madrileña revela un problema de divisiones y falta de control interno en el Partido Socialista, principal responsable de lo ocurrido por mucho que sus dirigentes intenten extender cortinas de humo. Tanto si la conducta de los diputados Tamayo y Sáez obedece a diferencias de criterioconladirección delPSOE comosi hanactuado por intereses inconfesables, quienes deben una explicación son los que han incluido en lugar preferente de sus candidaturas a personajes que no eran, por unas razones u otras, dignos de su confianza.
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EL PODER DE LA CIUDAD
A constitución de los 8.070 Ayuntamientos es una ocasión idónea para recordar que aún está pendiente la segunda descentralización la que debe colmar la capacidad de gestión de las entidades locales. La primera fase de la ordenación del Estado se culminó con la consolidación de las Comunidades autónomas, una vez equiparadas todas con un mismo nivel competencial a partir de los Pactos Autonómicos de 1992, poniendo fin a la distinción entre autonomías por la velocidad de su constitución. Desde entonces, toda una serie de reformas legislativas y modificaciones estatutarias ha cerrado el capítulo autonómico, sólo abierto- -y en ocasiones forzado- -por reivindicaciones nacionalistas y de la izquierda colindante que poco o nada tienen que ver con su definición autonómica y sí más con una revisión de los fundamentos constitucionales de la unidad del Estado. El segundo tramo de la descentralización tiene su punto de salida en las Comunidades y acaba en las Administraciones más cercanas a los ciudadanos. Es un trayecto que habrá que recorrer de manera ineludible y que se corresponde con unas tendencias muy marcadas en los Estados modernos, quizá movidos por los vectores de la globalización políti-
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ca, pues en un sentido ascendente refuerzan la organización regional de los Estados y en un sentido descendente, en elámbito interno, trasvasancompetencias ejecutivas a entidades de ámbito local. Los fundamentospolíticos de este proceso tienenbases convencionales muy sólidas, como el principio de subsidiariedad que rige en las relaciones entre la UE y los Estados miembros, aplicable con los mismos registros a las relaciones entre éstos y sus administraciones locales. El gran impulso político a la segunda descentralización vino dado por el Pacto Local de 1999, acuerdo matriz de diversas leyes con las que el Estado reforzó las competencias de las entidades locales, la figura del alcalde y el control político del gobierno local. Especial importancia tuvo la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porla que losAyuntamientos y otras entidades locales pueden promover frente al Estado y a las Comunidades un conflicto constitucional en defensa de la Autonomía Local. En esta línea política de consolidaciónde la administración municipal, el Gobierno ha remitido recientemente al Congreso el proyecto de ley para la modernización del gobierno local, con un capítulo específico para la organización de los municipios de gran población (municipios de
más de 200.000 habitantes, capitales de provincia con más de 250.000 habitantes y municipios que sean capitales o sedes de instituciones autonómicas) El proyecto aumentasustancialmente la personalidad política de estos Ayuntamientos y diseña unos procedimientos de gobierno y de control que reflejanla divisiónentre poderes ejecutivo y legislativo, como la imperante en las Comunidades autónomas. Por tanto, todo lo que depende del Estado para que comience la segunda descentralización ya está aprobado o en marcha. Falta el segundo pacto local que es el que han de protagonizar lasComunidadesautónomas, loque exige, ante todo, unaverdadera voluntad política de mejorar la gestión de los intereses ciudadanos, aunque sea en detrimento del poder efectivo de la administración autonómica. La fijación política de estos años en el Estado de las Autonomías ha distorsionado el verdadero alcance de la fuerza descentralizadora de la Constitución de 1978, comprensiva también de las entidades locales. Es cierto que alguna autonomía ya la ha puesto en práctica, como la de Madrid. Los gobiernos locales, especialmente los de las grandes ciudades, piden paso en el marco constitucional y no se les puede oponer un neocentralismo autonómico.
